LOS
PRINCIPIOS

Todas las personas tienen el mismo derecho a la protección, las oportunidades y el respeto, incluso en el ámbito digital.

El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Esto significa que todas las personas del mundo tenemos los mismos derechos y merecemos respeto, protección y la oportunidad de satisfacer nuestros intereses y gozar de derechos humanos.

Las tecnologías y servicios digitales proporcionan nuevas oportunidades a los grupos discriminados históricamente para que superen los obstáculos dominantes societarios, culturales, tradicionales y de movilidad.

Sin embargo, si en el entorno digital no tenemos los mismos derechos humanos que en el entorno físico, quienes sufren formas interseccionales de discriminación y prejuicios en el mundo real no dejarán de sufrir la subyugación y negación de sus derechos humanos en el ecosistema digital, y estarán sujetos a formas nuevas y amplificadas de discriminación.

Los sistemas y procesos mediante los que se desarrollan y reglamentan los servicios y tecnologías digitales y mediante los que se accede a ellos deben tener el sustento de la no discriminación y la igualdad para asegurar que los derechos humanos fundamentales se respalden de manera universal, incluido el mundo digital.

Los principios digitales

• Todas las personas somos iguales ante la ley y merecemos la misma protección de la ley, incluso en el ámbito digital, su ecosistema y el metaverso.
• A todas las personas nos corresponde la misma protección contra todas las formas de discriminación, incluidas, entre otras, la discriminación por motivos de sexo (incluso por embarazo, nacimiento de un/a hijo/a, identidad de género, condición intersexual y orientación sexual), raza, etnia, color, clase social o económica, discapacidad, religión (con el entendimiento de que estas protecciones no incluyen defender o excusar la discriminación de otras personas por motivos de sexo o igualdad de género), idioma, opinión política, nacionalidad, descendencia, condición de veterano, información genética, estado civil o edad.
• Los derechos humanos, según lo consagrado en el Derecho Internacional y Nacional, deben interpretarse con un prisma interseccional y de género para garantizar que se respeten de manera igualitaria y justa en el ámbito digital, de modo de atender todo tipo de discriminación o desigualdad digital de género.
• Los principios de igualdad por diseño deberían incluirse en la etapa de diseño de las tecnologías digitales y los sistemas algorítmicos de toma de decisiones para evitar que los sesgos perjudiciales y de discriminación se amplifiquen o perpetúen.

Todas las personas tenemos derecho a controlar nuestra información y a que se nos garantice la protección contra daños digitales.

El derecho a la privacidad respalda nuestro uso y goce de otros derechos humanos. Abarca el derecho a la privacidad en la vida familiar, el hogar y la correspondencia, y la ausencia de ataques al honor o la reputación de una persona.

En el ámbito digital, el derecho a la privacidad no solo se trata del derecho a la no intromisión. Como nuestros datos personales se extraen y analizan cada vez más para informar y alimentar decisiones algorítmicas que afectan todos los aspectos de nuestra vida, el derecho a la privacidad también se trata de proteger nuestros derechos a la justicia, la dignidad y la autonomía.

La privacidad digital también se trata de seguridad. . Internet está plagado de hostigamiento y acoso, mientras que la explotación y el abuso en línea de mujeres, niñas y niños ha alcanzado índices mundiales sin precedentes. Al mismo tiempo, las tecnologías y servicios digitales se usan cada vez más para manipular y suprimir desacuerdos, incluso mediante el uso de dispositivos inteligentes por parte de abusadores para monitorear y controlar el comportamiento de las mujeres.

La falta de reconocimiento y ejecución del derecho digital a la privacidad lleva a que las mujeres, niñas y otros grupos discriminados y marginados no tengan protección contra perjuicios graves a su carrera, seguridad, libertad social, dignidad, integridad corporal y autonomía, ni ninguna compensación por estos.

Los principios digitales

• Todas las personas tienen derecho a la protección de los datos que les conciernen y a poder comprender, en términos muy simples, cómo se procesa esta información.
• Ninguna persona debería estar sujeta a interferencias arbitrarias en este derecho, y cualquier limitación de este derecho debe ser razonable, necesaria, proporcionada y justificada.
• Cualquier procesamiento de datos debe ser justo, lícito y transparente, y adherirse a los principios de procesamiento de datos dispuestos en las normas y estándares internacionales.
• Se debe prestar especial atención al problema estructural de violaciones a la intimidad y privacidad contra las mujeres, niñas y personas de géneros marginados.
• Todas las personas tienen derecho a la protección contra las formas de control sin restricciones, incluso en el lugar de trabajo, en instituciones de educación y durante la participación ciudadana. El uso de tecnologías biométricas o de reconocimiento facial debe reglamentarse, y ser necesario y proporcionado.
• Todas las personas tienen derecho a la encriptación y al anonimato en línea. La divulgación de datos a terceros, incluidas las fuerzas de orden público y el sector privado, debe limitarse a lo que sea razonable, necesario y proporcionado.
• Todas las personas tienen derecho a controlar su legado digital y a decidir qué sucede con la información pública disponible que les concierne luego de su muerte.
• Los proveedores de servicios digitales deben responsabilizarse como más que meros canales de contenido generado por los usuarios, en particular el contenido que involucre incitación al odio, incitación a provocar daños o explotación y abuso de mujeres, niñas y otros grupos discriminados o marginados.
• Los estados deben aceptar su obligación de proteger a sus ciudadanos/as del abuso, la misoginia y los delitos de odio en línea, incluso mediante investigaciones rápidas de otras jurisdicciones y la defensa del derecho de las víctimas a obtener reparaciones adecuadas y globales.
• La protección contra el abuso debería incluir todas las formas de explotación y abuso sexual en línea, incluidos el acoso sexual, el acecho y el rastreo, el control coercitivo, el tráfico sexual posibilitado por la tecnología, la transmisión en vivo de abusos sexuales, el contenido de abuso sexual a menores y el abuso sexual basado en imágenes, incluidos los videos sexuales de “ultrafalsificación”.

Todas las personas tienen derecho a ejercer la autodeterminación en el uso de tecnologías digitales.

El derecho a la autodeterminación se refiere a la capacidad de ejercer completamente la autonomía al elegir el propio destino, incluso al elegir libremente la condición política y al perseguir el desarrollo económico, social y cultural.

Las tecnologías digitales se pueden usar para monitorear y categorizar, pero también para influir. Se usa una gran cantidad de datos digitales para entrenar modelos que contienen los mismos sesgos que el mundo real, incluidos aquellos por motivos de raza, género y situación socioeconómica. Mediante tecnologías predictivas que respaldan cada vez más la creación de políticas gubernamentales sobre cómo se accede a servicios y recursos públicos y cómo se los asigna, estos sesgos pueden interferir en la libertad de elección de las personas y afectar su capacidad de tomar sus propias decisiones.

Aunque los datos históricos pueden resultar útiles (por ejemplo, para facilitar la identificación y el entendimiento de tendencias sobre cuestiones sociales emergentes y en crisis en tiempo real), no son neutrales. Los datos representan a la sociedad como tal, incluidos sus estratos de desigualdad social y discriminación. Si se usan sin sentido crítico ni control, perpetúan la opresión vigente y hacen que las personas (en particular, las mujeres, niñas y otros grupos discriminados y marginados) tengan menos capacidad de elegir, desafiar o cambiar su propio destino. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático también pueden exagerar los sesgos vigentes y generar más discriminación y perjuicios.

Los principios digitales

• Todas las personas tienen derecho a no recibir un trato injusto ni ser discriminadas (o a que no se les nieguen sus derechos desproporcionadamente) debido a decisiones automatizadas que se toman sobre las personas solo por datos recolectados o deducidos de su huella digital en internet.
• Todas las personas, incluso las mujeres, niñas y otros grupos discriminados y marginados, deberían poder ejercer la autodeterminación en la era digital.
• Todas las personas tienen derecho a una representación completa y actualizada de su identidad en internet.
• Deben implementarse medidas de prevención y protección para evitar que se tomen decisiones injustas, sesgadas y arbitrarias sobre una persona, y debería haber una gran transparencia en torno al criterio utilizado para tomar decisiones.
• Se debería analizar una suposición de sesgo algorítmico para equilibrar mejor el peso de la prueba y fomentar la adopción de herramientas y controles de mitigación de sesgos.
• No debería haber ningún tipo de orden judicial o administrativo, ni ninguna decisión que pueda impactar de manera significativa en una persona solo por el procesamiento automatizado de datos personales, entre otros, que se hayan recolectado para determinar el perfil o la personalidad de la persona.
• Los principios de igualdad por diseño, incluidas las evaluaciones de impacto de los derechos humanos y de género, deberían incluirse en la creación de todas las tecnologías digitales y los sistemas algorítmicos de toma de decisiones para evitar que los sesgos perjudiciales y de discriminación se amplifiquen o perpetúen.

• Las inferencias que generan los macrodatos solo deberían usarse para proteger la autonomía de elección y libertad de las personas. La información sensible no se debería usar en detrimento de una persona ni para inferir información personal, incluidas la religión y la orientación sexual.

Todas las personas tienen derecho a acceder al ámbito digital y a participar libremente en él.

El desarrollo completo del potencial humano requiere derechos universales a la educación, a la libertad de expresión e información, a la reunión y la asociación, y a la completa participación y goce de una vida económica, social, cultural, civil y política.

Para participar completamente del mundo moderno, todas las personas deben tener acceso igualitario a internet y a las tecnologías digitales. Sin embargo, alrededor de 3700 millones de personas, que representan cerca de la mitad de la población mundial, no gozan de este acceso. Es menos probable que las personas que viven en áreas rurales y remotas usen internet en comparación con quienes viven en áreas más urbanas.Además, es más probable que se excluya del uso de tecnologías y servicios digitales a quienes se enfrentan a desigualdades interseccionales.

Este problema afecta, en particular, a las mujeres, las niñas y otros grupos discriminados y marginados que son más vulnerables al control coercitivo y a las relaciones de poder desiguales. En promedio, el acceso de las mujeres a tecnologías digitales y móviles es de alrededor del 85% en comparación con el acceso del total de los hombres. En todo el mundo, alrededor de 327 millones de mujeres menos que hombres tienen un teléfono inteligente y acceso a internet móvil.

La capacidad de participar libremente del mundo digital se ve afectada de manera negativa por factores que incluyen misoginia, incitación al odio, robo de identidad, difamación, explotación sexual en línea y acoso. Todos estos factores afectan de manera desproporcionada a las mujeres, las niñas y otros grupos discriminados y marginados.

Los principios digitales

• Todas las personas tienen derecho a participar del ámbito digital y a acceder, sin importar la ubicación geográfica, a servicios de internet y tecnologías digitales disponibles en todo el mundo a un precio asequible.
• Los Estados deben promulgar políticas que favorezcan el acceso universal e igualitario a internet, e incluso el reconocimiento y abordaje de las desigualdades interseccionales y de género vigentes.
• Los Estados deben promulgar políticas que prohíban la ralentización o la interrupción arbitrarias y deliberadas de internet por cualquier motivo, incluidos el orden público y la seguridad nacional.
• Las interfaces, el contenido y las aplicaciones deben diseñarse de manera inclusiva para garantizar la accesibilidad a todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad física, sensorial o cognitiva, analfabetas y que hablan idiomas minoritarios. El principio de diseño inclusivo y el uso de tecnologías de asistencia deben promoverse y respaldarse para permitir que las personas con discapacidad se beneficien por completo y en los mismos términos.

Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, las reuniones pacíficas y la asociación en línea.

El derecho a la libre expresión y asociación apoya la libertad de buscar, recibir e impartir información, y de asociarse libremente con fines sociales, políticos o culturales, entre otros. También se relaciona con el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Las actividades en línea se consideran una forma de expresión, por lo que están protegidas por los derechos vigentes a la libre expresión y asociación. Sin embargo, los gobiernos y las empresas privadas incumplen este derecho con frecuencia por presuntos motivos de seguridad nacional o mediante políticas y prácticas de moderación de contenido en línea aplicadas de manera desigual.

De hecho, algunas formas de expresión en línea son perjudiciales, como el acoso y el acecho, la incitación a la violencia contra otras personas por motivos de raza, religión o género, y la generación o distribución de expresiones de odio. Sin embargo, los incumplimientos mal definidos o no regulados del derecho a la libre expresión crearon una cultura de censura en la que los desacuerdos políticos pueden suprimirse y la voz de las víctimas y supervivientes pueden silenciarse.

Estas complejidades significan que se deben implementar mecanismos para garantizar la aplicación interseccional y con conciencia feminista del derecho a la libre expresión y asociación en el ámbito digital, y que toda restricción de este derecho debe ser necesaria, proporcionada y justificada.

El derecho a la libertad de expresión digital tiene particular relevancia para las mujeres y las niñas, quienes suelen sufrir violencia de género y acoso en línea, incluso mediante abuso sexual con imágenes íntimas con el objetivo de silenciarlas, avergonzarlas y oprimirlas. Esto incluye a profesionales de la política, el periodismo y otras formas de comunicación que contribuyen al debate público en internet. Sin la protección adecuada, todas las mujeres corren el riesgo de que no les permitan tener una participación completa e igualitaria en línea.

Los principios digitales

• Todas las personas tienen derecho a dar su opinión sin interferencia, sin importar las fronteras.
• Todas las personas tienen derecho a buscar, recibir e impartir información no perjudicial y de no explotación con libertad, por cualquier medio, incluido internet, y sin censuras ni otras interferencias arbitrarias del estado, agentes no estatales y agentes privados.
• Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente, incluso por internet, con fines sociales, políticos o culturales, entre otros.
• Internet y las tecnologías digitales deben tener protección contra todos los intentos de silenciar a las mujeres, niñas y otras personas de grupos discriminados.
• Cualquier restricción al derecho de libertad de expresión y asociación debe estar prevista por la ley y ser necesaria, proporcionada y justificada en una sociedad democrática.

Todas las personas tienen derecho a beneficiarse de redes y tecnologías digitales seguras, estables y resilientes.

Las leyes internacionales existentes de derechos humanos establecen que todas las personas tienen el mismo derecho a obtener protección y libertad personal y social, a no ser víctimas de explotación y control, y a tener un orden social e internacional que les permita mantener y mejorar su calidad de vida.

En su calidad de recurso público mundial, internet debería ser una red confiable para todo el mundo. Sin embargo, la seguridad de internet y otras redes digitales suele debilitarse debido al control, el monitoreo y la interceptación ilícitos de la actividad o las comunicaciones privadas en línea de los usuarios, ya sea para obtener un beneficio personal o comercial, o para suprimir desacuerdos políticos.

Las redes digitales seguras, estables y resilientes mantienen a las personas a salvo y protegen sus derechos digitales al permitir que todo el mundo, desde niños, niñas y docentes hasta periodistas e informantes, se exprese y acceda a información en línea sin miedo a las represalias. A raíz de la trascendencia del mundo digital más allá de las fronteras nacionales y jurisdiccionales, alcanzar esta estabilidad requiere la colaboración de los sectores público, privado y civil. También requiere la protección contra los servicios y protocolos que amenazan la seguridad, y del abuso de datos e identidades.

El miedo en torno a la seguridad y protección digital evita de manera desproporcionada que las mujeres, niñas y otros grupos discriminados y marginados accedan a internet y gocen de este beneficio. A su vez, esto limita su posibilidad de comprender sus derechos y participar de la economía digital.

Los principios digitales

• Todas las personas tienen derecho a una internet segura, estable y resiliente.
• Los derechos a la libertad y la seguridad deben respetarse, protegerse y satisfacerse en línea y mediante el uso de tecnologías digitales.
• Estos derechos no se deben incumplir ni usar para incumplir otros derechos en el entorno en línea o mediante tecnologías digitales.
• La seguridad de red debe garantizarse en el interés público, así como la integridad de la infraestructura y su protección contra ataques externos en beneficio de las personas.
• Se debe preservar la inviolabilidad de las tecnologías digitales. Los sistemas y dispositivos informáticos de todo el mundo, así como la libertad y confidencialidad de sus comunicaciones e información electrónica, son inviolables. Solo se deben aplicar excepciones y limitaciones cuando sea necesario y razonable hacerlo.

Todas las personas tienen derecho a usar cualquier idioma de su elección para crear y compartir información digital.

La diversidad lingüística y cultural enriquece el crecimiento de la sociedad. Todas las personas y comunidades tienen derecho a usar su propio idioma o cualquier idioma de su elección para crear, compartir e interactuar con información y conocimientos sin sufrir perjuicios.

A medida que más gente cambia su vida en línea, la falta de diversidad lingüística y cultural en espacios digitales se vuelve cada vez más evidente. Los idiomas minoritarios suelen excluirse de contextos digitales a favor de idiomas eurocéntricos, como el inglés. Mientras tanto, se crean muchísimos programas y aplicaciones para las llamadas mayorías, lo que da como resultado una moderación limitada del contenido en línea en otros idiomas, y la subsiguiente exposición de los usuarios que hablan esos idiomas a sufrir perjuicios en línea.

La accesibilidad a internet es más que la capacidad de obtener un dispositivo y conexión a internet, pero aún no hay requisitos para que las plataformas y servicios digitales mundiales reflejan la diversidad lingüística y cultural que existe en el mundo real. Mientras algunos idiomas como el hindi (India) y el mandarín (China) ganan dominio y representación en contextos societarios y digitales de manera similar, otros idiomas como el suajili (este de África) y el yoruba (Nigeria) aún tienen muy poca representación en línea.

El activismo feminista nos demuestra que la capacidad de hablar el idioma propio es fundamental para buscar ayuda y romper el aislamiento. Por lo tanto, es esencial que la supresión de idiomas y culturas de grupos marginados en el mundo real no se replique en el ámbito digital.

Los principios digitales

• Todas las personas tienen derecho a acceder a conocimientos e información cultural y lingüísticamente diversos en un formato accesible donde esto se pueda adaptar de manera razonable.
• Debe fomentarse la innovación técnica y de políticas para facilitar la diversidad, accesibilidad y pluralidad de culturas en internet y espacios digitales.
• Las administraciones nacionales, regionales y locales, los gobiernos y las organizaciones internacionales con financiación pública deben garantizar transparencia y responsabilidad al hacer de dominio público cualquier información pública relevante que generen y administren.
• Además, deben garantizar que esta información se divulgue y esté a disposición en internet y en espacios digitales, en formatos compatibles y abiertos, y que sea accesible para personas con desafíos de acceso particulares, como personas con discapacidad, o personas que tengan computadoras o dispositivos móviles viejos o con una conexión a internet lenta.
• Las tecnologías digitales e internet deberían reflejar y respetar la diversidad lingüística y cultural del mundo.
• El desarrollo técnico debe fomentar la diversidad lingüística en internet y simplificar el intercambio de información más allá de las barreras del lenguaje.

Todas las personas tienen el mismo derecho a obtener beneficios del desarrollo y el uso de tecnología digital.

Todas las personas del mundo son iguales ante la ley. Todas las personas tienen el mismo derecho a contribuir al desarrollo de nuestra sociedad compartida y a beneficiarse de este, y todo el mundo tiene derecho, sin discriminación alguna, a obtener la misma protección y a gozar de igual manera de los derechos humanos.

El ámbito digital se extendió tanto como para ser virtualmente inseparable del mundo real. Como tales, la arquitectura y el desarrollo de redes, tecnologías y servicios digitales deben cimentarse en estándares vinculantes y universales que adopten un enfoque de derechos humanos.

Actualmente, internet y las tecnologías digitales están principalmente reglamentadas y regidas por estándares de la industria y códigos voluntarios del sector privado, y carecen de transparencia, coherencia y control formal del gobierno. Esto ha fomentado la competencia desleal y ha generado la protección desigual e inadecuada de los derechos de los usuarios, exacerbada por la incapacidad de los marcos actuales de responsabilizar a los proveedores y plataformas de servicios digitales por el contenido ilícito o perjudicial creado por los usuarios. Esto trae consecuencias graves para la seguridad, libertad y dignidad de las mujeres, niñas y otros grupos discriminados y marginados que sufren explotación, abusos y acoso en línea de manera rutinaria por parte de perpetradores que actúan con impunidad.

Del mismo modo, sin reglamentación, la construcción y el mantenimiento de la infraestructura digital y de la extracción de recursos naturales para su uso en tecnologías digitales tienen un impacto medioambiental inevitable y desproporcionado en las mujeres, niñas y comunidades indígenas. Se requiere un nuevo marco normativo para brindar claridad y orientación sobre el comportamiento y la responsabilidad esperados de las empresas de tecnología digital. Es imprescindible que este marco se base en un análisis feminista e interseccional y se desarrolle a la par de las mujeres, niñas y otros grupos discriminados y marginados para garantizar que se satisfagan sus necesidades en lugar de convertir las desigualdades en buenas prácticas y conformidad reglamentaria.

Los principios digitales

• Las tecnologías y la arquitectura digitales deben cimentarse en estándares vinculantes abiertos que garanticen la inclusión y la igualdad de oportunidades para todo el mundo. El contenido que se crea y comparte por internet o redes digitales debe moderarse según los principios de derechos humanos.
• Los estados deben exigir que las empresas de tecnología, las empresas que crean tecnologías digitales y los proveedores de servicios digitales y de internet adopten enfoques basados en derechos humanos para desarrollar sus políticas y prácticas de moderación de contenido.
• La arquitectura, los sistemas de comunicación y los formatos de documentos y datos de internet deben basarse en estándares abiertos que garanticen la completa interoperabilidad, universalidad, integridad, apertura, inclusión e igualdad de oportunidades para todo el mundo.
• Los organismos y los comités nacionales notificados deben alcanzar, con el apoyo de los gobiernos, las metas de diversidad en relación con la representación, y deben implementar procesos y recursos que posibiliten una participación más amplia de las partes interesadas.
• Los estados deben dar los pasos necesarios para minimizar el consumo de energía de internet y las tecnologías digitales, y minimizar el daño de la extracción de recursos naturales para alimentar las nuevas tecnologías.

Todas las personas tienen derecho a un control multilateral democrático de internet y de las tecnologías digitales.

En una sociedad democrática, la ciudadanía tiene derecho a vivir y tener un gobierno con un sistema nacional e internacional transparente, y a gozar de libertad para acceder y participar de la vida pública.

Internet se creó con la visión utópica de una sociedad accesible e inclusiva para que todo el mundo pudiera habitar en democracia. Sin embargo, décadas después, los intereses comerciales tomaron el mando y, lejos de ser un espacio de libertad, internet se convirtió en un lugar lleno de misoginia, violencia y odio. La creación no verificada de tecnologías y redes digitales impactó de manera negativa en mujeres, niñas y otros grupos discriminados y marginados.

Deben establecerse nuevas formas de gobierno y participación vinculantes para que el ámbito digital garantice una mejor protección de nuestros derechos y libertades de seguridad y privacidad, y proporcione un acceso más eficaz a los recursos cuando haya incumplimientos. Se precisa la colaboración de gobiernos, compañías de tecnología, organizaciones de derechos humanos, actores societarios civiles, y víctimas o supervivientes para defender y expandir los derechos humanos tanto como sea posible.

Los principios digitales

• La gestión de internet debe ser multilateral, transparente y democrática, con una participación completa de todas las partes interesadas relevantes, incluidos los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las personas que sufren el peor impacto, incluidas las mujeres, niñas y otros grupos discriminados y marginados.
• Todos los procesos de toma de decisiones relacionados con el gobierno y el desarrollo del espacio digital deben ser abiertos y accesibles a nivel internacional, nacional y regional.
• Los estándares de derechos humanos internacionales, el imperio de la ley y la justicia social deben sentar las bases jurídicas y normativas sobre las que se opera, gobierna y reglamenta internet.
• Debe haber recursos para la interferencia ilícita y los incumplimientos de los derechos humanos en el ámbito digital. Todo esto debe suceder de manera transparente y multilateral, conforme a los principios de apertura, participación inclusiva y responsabilidad.